Estados Unidos
Pablo Pardo, desde Washington
Desde que en 1966 se aprobó la Ley de Libertad de Información, cualquiera—persona física o jurídica, estadounidense o extranjera— tiene derecho a acceder cualquier documento del Ejecutivo federal de Estados Unidos(sólo de la Administración federal). La Ley establece que, una vez que se solicita un documento a un organismo público, éste tiene 10 días hábiles para responder, que se extienden a 20 en caso de fuerza mayor, como tener que consultar a otra Agencia. Sin embargo, frecuentemente tardan meses. La razón, según el Gobierno, es falta de tiempo y de recursos para examinar sus archivos. En ese caso, las autoridades envían una carta al demandante explicándole que han recibido su petición y que la están procesando.
Una de las características de EEUU es que allí se paga por todo. Y la Ley de Libertad de Información no es una excepción. Hay tasas administrativas, de búsqueda y de copia. Dependiendo del peticionario —puede ser una empresa, una ONG, un ciudadano privado, una universidad, un medio de comunicación...— éstas varían. En algunos casos muy concretos, sólo solicitar la información puede salir por más de 200 euros.
La gran cuestión con esta Ley es, evidentemente, qué es secreto y qué no lo es. De hecho, desde la presidencia de Ronald Reagan, el Gobierno de EEUU puede incluso negar que existan documentos que afecten a la seguridad nacional. Otras excepciones afectan a investigaciones criminales en curso, e incluso a yacimientos minerales. Frecuentemente, los tribunales acaban decidiendo qué debe ser desvelado y qué no.
