8/3/18

Declaran los máximos responsables del presunto fraude en el Consorcio de Bomberos La presunta malversación, que podría alcanzar los ocho millones de euros, implica a 14 personas, ocho de ellas ex cargos del Consorcio y cuatro personas de una consultora madrileña

Andrés Beffa y Javier Otálora, ex presidente y ex gerente del Consorcio de Bomberos respectivamente, están declarando esta mañana ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gaditana como investigados por el presunto fraude en el ente provincial y que habría supuesto la malversación de más de ocho millones de euros. Junto a ambos, la jueza también está tomando declaración al director técnico. Tanto Beffa como Otálora, así como el ex director técnico, se han acogido a su derecho a no declarar.
Desde el martes se están sucediendo las declaraciones de los 14 investigados, de los que doce fueron detenidos como presuntos responsables de varios delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita y falsedad documental. De esos 14 implicados, 10 han pertenecido en su día al Consorcio de Bomberos. Las ramificaciones de la presunta trama son varias, tanto es así que los otro cuatro implicados pertenecen a una empresa denominada Formatekno que está afincada en Madrid y se dedica a la consultoría y la formación. Fue en mayo de 2013 cuando el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) presentó la denuncia en Fiscalía que destapó lo que los sindicalistas consideraron entonces "una presunta estafa".
Al seguro denunciado por el SBC se le conoce como plan de previsión social, y básicamente garantizaba a los bomberos y altos cargos directivos del consorcio una renta salarial creciente hasta su 65 cumpleaños. Lo que ahora se trata de averiguar es cuánto costó esa póliza. Se habla de 2,4 millones de euros, pero fuentes del CSIF aseguraron a este diario que podrían ser hasta ocho millones de euros de dinero público los utilizados para pagar primas de prejubilación a altos cargos del consorcio. Los presidentes del consorcio no se beneficiarían de esta póliza, aunque sí gerentes y otros altos directivos.
En las declaraciones realizadas durante los días anteriores, el ex interventor se acogió a su derecho de no declarar, mientras que un técnico de administración general, sólo respondió a las preguntas de la juez y de su abogado, como también hizo el ex tesorero. Los tres tienen el mismo abogado.

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